Mientras el Congreso de Perú discutía el adelantamiento de las elecciones presidenciales para 2023, el juez supremo Juan Carlos Checkley determinó una prisión preventiva de 18 meses para el expresidente Pedro Castillo, en medio de un clima de protestas que ya suman más de 10 muertos.
La nueva presidenta peruana, Dina Boluarte, expresó sus condolencias a los familiares en la madrugada del viernes: «Lloramos el llanto de las madres en Ayacucho y sufrimos el dolor de las familias en todo el país. Hoy, en una triste jornada de violencia, nuevamente lamentamos la muerte de peruanos. Mis profundas condolencias a los deudos. Reitero mi invocación a la paz. #PerúUnido #PerúEnPaz».
Después de ser destituido por una moción del Congreso e intentar disolver ese órgano legislativo, en donde la derecha política posee mayoría, Castillo fue detenido y se enfrentará a 18 meses de prisión preventiva.
El magistrado acusó a Castillo de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública, en una audiencia virtual que comenzó por la mañana, fue interrumpida y continuó por la tarde, el juez Juan Carlos Checkley hizo el anuncio en una extensa resolución que leyó, mientras Castillo fue asistido por un letrado oficial.
El expresidente se encuentra detenido en la sede de la Diroes, en Ate, desde el 7 de diciembre cuando realizó un intento de golpe de Estado. Además, se dictó un régimen de comparecencia para el ex primer ministro Aníbal Torres por presuntos delitos de rebelión.
Mientras tanto, la nueva mandataria Boluarte consultó a los embajadores de México, Argentina, Colombia y Bolivia por manifestar su apoyo hacia Pedro Castillo. «El Presiente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio (…) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos», reza un comunicado suscrito por los cuatro países y divulgado este lunes por la Cancillería de Colombia.
